Las protestas convergentes de los ciudadanos de toda España, indignados por la degradación de la democracia, la corrupción política sin freno, la mermacontinuada de derechos fundamentales y el desmantelamiento del estado de bienestar y los servicios públicos, así como por la dureza sucesivamente incrementada de las políticas económicas del Gobierno y la inoperancia del Parlamento ante semejante deterioro y los enormes privilegios de los parlamentarios frente a las penurias a que están siendo sometidos los ciudadanos, han sido utilizadas y tratadas por el Gobierno como un simple problema de orden público,  respondido de antemano, 'preventivamente', por la concentración desmesurada de fuertes efectivos policiales y antidisturbios superiores a 1300 efectivos en tres círculos concéntricos. Lo que pretendía ser, desde su convocatoria, como una protesta pacífica ante la máxima expresión de nuestra soberanía popular ha arrojado un saldo de más de 20 detenidos y más de 60 heridos, uno de ellos grave. El paso hacia el Congreso fue firmemente sellado por tres murallas policiales concéntricas, con el fin de impedir, blindándolo totalmente, el paso de la protesta y el ejercicio del derecho de manifestación. En varios puntos y en varios momentos de la tarde-noche de del 25-S se produjeron cargas brutales de la policía y los antidisturbios, que se emplearon a fondo, de forma indiscriminada y excesivamente contundente, con desprecio a la seguridad elemental de los manifestantes y hasta de la propia policía. Las órdenes, a la vista de muchas fotos y vídeos, persiguieron más la provocación, el enfrentamiento y el daño que la simple contención de la protesta. No podemos estar de acuerdo con la respuesta policial ni con las justificaciones gubernamentales a dichas órdenes ni a las propias actuaciones policiales violentas. En toda manifestación, por pacífica que pretenda ser, siempre ha habido y hay individuos y grupos que quieren ir mas allá y que provocan incidentes no seguidos por la mayoría de manifestantes, que sólo ejercitan su legítimo derecho a manifestar su indignación, su protesta y su repulsa. En la manifestación-concentración de este martes parece que la propia policía pudo infiltrar a agentes encapuchados que incitaron a la violencia contra la policía y la ejercieron ellos mismos desde el lado de la protesta poacífica. La policía, en algún momento, pasó ante las vallas y entró directamente en contacto con los manifestantes, introduciéndose en forma de cuña entre la masa que sólo aspiraba a protestar ante el Parlamento español. La provocación y el riesgo que esa actitud policial entraña es evidente y suele producir, como probablemente se pretendía, altercados y cargas brutales. No, no fue una respuesta 'proporcionada, correcta, justa, magnífica y espléndida' como la han calificado en cadena la Delegada del Gobierno, la Vicepresidenta, el propio Presidente en su intervención en la sede de la ONU, los portavoces del PP y la batería mediática a su servicio, que la ensalza y aplaude. Los motivos de la protesta la comparten  muchos ciudadanos y muchos más que no pudieron o no quisieron secundarla 'in situ'. Condenamos, por tanto, esta táctica gubernamental de desprestigiar, de forma soberbia y totalitaria, la legítima protesta de quienes sufren los verdaderos atentados gubernamentales a la democracia y a la propia Constitución, con las sucesivas oleadas de ataques y agravios a los trabajadores y a sus derechos básicos, acompañada paralelamente de una amnistía fiscal a los ricos defraudadores, y a su modo autocrático de gobernar, haciendo lo contrario de lo prometido en su programa electoral y a golpe sistemático de decreto ley, solo autorizado por la Constitución en casos puntuales y excepcionales: ¡Más de 40 decretos, que no han pasado por el refrendo  y convalidación parlamentarios! Y los 8 que han seguido ese trámite han ignorado las más de 6000 enmiendas de la oposición! Y condenamos la represión desatada con medios no preventivos ni proporcionados, sino, como se puede comprobar en muchas imágenes, brutal y salvaje, así como los complacientes calificativos que el Gobierno les asigna en reacción calculada y en cadena. [gallery ids="3285"]